Política
Presentan proyecto que busca encarcelar a quienes sobornen políticos
Publicado
hace 1 año, el
Por
Catalina Gómez
El Gobierno de Colombia junto con el respaldo de varias entidades políticas, presentó un proyecto de lucha contra la corrupción, el cual pretende reforzar medidas de transparencia y prevención contra las irregularidades que se presentan en el sector público.
Dicho proyecto contempla la sanción carcelaria entre 5 y 10 años y multas que van desde los $11 millones y $1.359 millones contra todo aquel que profiera injuria o calumnias contra funcionarios y ex funcionarios públicos.
Cabe resaltar que si aquel que comete injuria o calumnia es un representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, se le suspenderá o cancelará la personería jurídica.
Este artículo fue presentado y aprobado el 1 de diciembre del presente año. Ahora, le espera el segundo debate en la Cámara de Representantes a cargo del representante César Lorduy, de Cambio Radical.
Frente a esto, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, manifestó preocupación ante este asunto, advirtiendo que el artículo puede ser interpretado como una amenaza a la libertad de expresión y sería algún riesgo para la libertad de prensa.
“Este tipo de planteamientos, que se formulan de manera tan general, tratando de imponer barreras judiciales a la libertad de expresión, son muy propios de regímenes autoritarios, en los cuales se restringe la libertad de expresión”, dijo Hernández.
Como también, explicó que se violarían los derechos de participación y asociación con la segunda parte del artículo, haciendo referencia a la cancelación o suspensión de la personería jurídica.
“Hay una gran arbitrariedad frente a lo que sería el trámite y el tratamiento de las personerías jurídicas y casi que lo que estaría abriendo la puerta es a una sanción penal contra personas jurídicas, algo que en Colombia no existe y que los mismos Gobierno y Congreso han sido reacios a regular”, sostuvo el director.
Además, este proyecto traería grandes amenazas para los periodistas del país, los cuales en su mayoría investigan e informan sobre la corrupción y distintas irregularidades que se presentan en el gobierno colombiano.
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